El presidente Daniel Noboa firmó un decreto que permitirá la participación de fuerzas de países aliados en operaciones de seguridad, en el marco del conflicto armado interno declarado contra las bandas criminales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, autorizó mediante un decreto el despliegue de militares extranjeros en territorio ecuatoriano para colaborar en acciones contra organizaciones criminales. La medida se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno frente al avance de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

Según explicó el mandatario, efectivos de países aliados podrán operar en las provincias más afectadas por la inseguridad y trabajar de manera coordinada con las fuerzas locales. Noboa aseguró que la decisión es el resultado de meses de gestiones y cooperación internacional en materia de defensa y seguridad.

El decreto establece que el personal militar extranjero que participe en operaciones vinculadas al conflicto armado interno contará con inmunidad en los términos previstos por los acuerdos e instrumentos internacionales suscritos por Ecuador. La disposición busca facilitar la colaboración de fuerzas extranjeras en tareas de apoyo y asistencia.

La normativa también contempla la posibilidad de que el presidente conceda indultos, reducciones o conmutaciones de penas a militares, policías y civiles que intervengan en acciones destinadas a enfrentar a las organizaciones criminales, siempre dentro del marco legal vigente. Además, solicita al Parlamento evaluar eventuales amnistías para quienes hayan actuado en defensa del Estado.

La decisión se produce en un contexto de estados de excepción decretados para combatir la inseguridad. El más reciente fue dispuesto esta semana por sesenta días y alcanza a diez provincias y tres municipios considerados especialmente afectados por la violencia.

Mientras el gobierno sostiene que las medidas son necesarias para recuperar el control territorial, organizaciones de derechos humanos mantienen sus cuestionamientos por presuntos abusos cometidos durante los operativos de seguridad. Entre las denuncias figuran casos de desapariciones forzadas que continúan bajo investigación judicial.