El oficialismo postergó el dictamen previsto para esta semana ante las críticas de organizaciones civiles, cámaras empresarias y especialistas, que reclaman cambios profundos en la iniciativa.

La Cámara de Diputados retomó el análisis del proyecto de ley de lobby impulsado por el gobierno, una iniciativa que busca crear un régimen de transparencia para las gestiones de intereses ante funcionarios y legisladores. Sin embargo, el tratamiento de la propuesta comenzó a mostrar señales de estancamiento debido a las crecientes objeciones planteadas por distintos sectores.

Aunque la intención inicial era emitir dictamen e incorporar el proyecto a la sesión prevista para el 24 de junio, el oficialismo decidió desacelerar el proceso y abrir una nueva etapa de discusión. La decisión responde a las críticas formuladas durante las reuniones informativas por representantes de organizaciones de la sociedad civil, entidades profesionales y cámaras empresarias.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la definición de “gestión de intereses”, considerada demasiado amplia por los expositores. Según advirtieron, la redacción actual no distingue adecuadamente entre el lobby corporativo y actividades habituales de participación ciudadana, como pedidos de audiencias, consultas técnicas o solicitudes de acceso a la información pública.

También se expresaron preocupaciones por la carga administrativa que impondría la norma. Diversos referentes señalaron que las obligaciones de registro, presentación de informes y declaraciones periódicas podrían generar una burocracia excesiva para organizaciones sociales, empresas, cámaras sectoriales y entidades sin fines de lucro.

El proyecto prevé la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses, donde deberán inscribirse quienes busquen influir en decisiones públicas. Además, establece sanciones que van desde multas económicas hasta la inhabilitación para ejercer actividades de representación de intereses, e incorpora penas para casos vinculados a la representación clandestina de intereses extranjeros.

Mientras el gobierno sostiene que la iniciativa apunta a fortalecer la transparencia y alinearse con estándares internacionales de integridad pública, los sectores críticos reclaman una revisión integral del articulado. Por el momento, el futuro del proyecto permanece abierto y su avance dependerá de la capacidad del oficialismo para introducir cambios que permitan reunir mayores consensos en el Congreso.