El gobernador defendió el rumbo económico y la continuidad de su modelo, pero admitió el impacto del ajuste y la falta de mejoras concretas en la vida cotidiana, con reclamos que se reflejan incluso en temas sensibles como la inseguridad.

En sus declaraciones, Cornejo reconoció el impacto del ajuste económico y las dificultades que atraviesan distintos sectores sociales, aunque buscó enmarcar la situación dentro de un proceso necesario para ordenar las cuentas públicas. El problema, para buena parte de la ciudadanía, es que ese argumento se repite desde hace años mientras los salarios pierden poder adquisitivo, los servicios muestran limitaciones y la economía provincial no termina de ofrecer respuestas claras.

La inseguridad aparece como uno de los puntos más sensibles de ese malestar. Si bien el oficialismo insiste en mostrar estadísticas y programas de gestión, en los barrios la percepción es distinta: vecinos que reclaman mayor presencia policial, comerciantes que denuncian robos reiterados y familias que sienten que el Estado no llega con la fuerza suficiente para garantizar tranquilidad.

A esto se suman otros reclamos vinculados al empleo, la salud, la educación y la infraestructura, áreas donde la administración provincial suele destacar avances, pero donde muchos mendocinos siguen encontrando problemas cotidianos. La distancia entre la narrativa oficial y la experiencia real de la gente se convirtió en uno de los principales desafíos políticos para Cornejo y su espacio.

Así, la defensa del modelo convive con un desgaste evidente. Después de una década de promesas de eficiencia, orden y transformación, Mendoza continúa atravesada por demandas estructurales que no encuentran solución definitiva. Para el gobernador, el camino debe sostenerse; para una parte creciente de la sociedad, el balance abre una discusión incómoda: cuánto tiempo más puede pedirse paciencia cuando los resultados aún no convencen.