Las dificultades del gobierno mendocino para contener la ola delictiva volvieron a quedar en evidencia tras dos hechos de inseguridad registrados en el Gran Mendoza en las últimas horas, vinculados al robo de motos. Uno terminó con una persecución policial en Luján de Cuyo y el otro con un delivery asaltado a mano armada en Las Heras.

En las últimas horas, dos hechos vinculados al robo de motocicletas pusieron en evidencia la problemática. El primero ocurrió en Luján de Cuyo, donde un intento de robo derivó en una persecución policial que se extendió por varias cuadras, generando tensión entre vecinos y conductores. El segundo caso tuvo lugar en Las Heras, donde un trabajador de delivery fue asaltado a mano armada mientras realizaba una entrega, en un episodio que volvió a poner en foco la vulnerabilidad de quienes trabajan en la vía pública.

Ambos hechos se suman a una serie de episodios registrados en los últimos días que alimentan la percepción de un incremento del delito, particularmente en zonas urbanas con alta circulación. La modalidad de robo de motos, en particular, aparece como una de las más recurrentes, ya sea para su reventa ilegal o para su utilización en otros ilícitos.

Vecinos y comerciantes de distintos puntos del Gran Mendoza vienen manifestando su preocupación por la reiteración de hechos delictivos y reclaman mayor presencia policial, controles más estrictos y medidas de prevención más efectivas. En ese sentido, señalan que la sensación de inseguridad se intensifica cuando los delitos ocurren a plena luz del día o en áreas transitadas.

Desde el gobierno provincial han destacado en reiteradas oportunidades la inversión en equipamiento, tecnología y patrullaje, aunque los resultados son puestos en duda por sectores que consideran insuficientes las medidas frente a la dinámica actual del delito.

Especialistas en seguridad advierten que el robo de motocicletas suele estar vinculado a redes delictivas más amplias y remarcan la necesidad de estrategias integrales que incluyan inteligencia criminal, seguimiento de mercados ilegales y coordinación con la Justicia.

En paralelo, el impacto social de estos hechos vuelve a ser evidente. Trabajadores como repartidores y comerciantes figuran entre los más expuestos, lo que genera preocupación no solo por la pérdida material, sino también por el riesgo físico que enfrentan.

La sucesión de episodios en pocos días contribuye a instalar la idea de una semana crítica en materia de seguridad, en la que la respuesta estatal queda bajo escrutinio. En este escenario, la gestión de Cornejo enfrenta el desafío de reforzar sus políticas de prevención y recuperar la confianza de la ciudadanía.

El avance del delito en zonas urbanas clave pone en agenda la necesidad de medidas más efectivas y sostenidas en el tiempo, en un contexto donde la demanda social por mayor seguridad continúa en aumento.