Los acusados fueron notificados de que solo les queda la opción de recurrir a la acción procesal administrativa ante la justicia, en un plazo de treinta días.

Continúa la investigación hacía un grupo de diez policías de distinta jerarquía, incluidos un Comisario General y dos Comisarios, sometidos a un sumario administrativo, en el que se analizan posibles irregularidades en el desempeño de sus tareas.

Los uniformados habían cuestionado distintas instancias del sumario al considerar que no se les permitió declarar en momentos clave, buscando así invalidar parte del procedimiento. Sin embargo, el planteo no prosperó y se sostuvo la validez de lo actuado, dejando sin efecto la posibilidad de revisar etapas previas dentro de la vía administrativa.

De esta manera, continúa el expediente que lleva adelante la Inspección General de Seguridad, mientras crecen los cuestionamientos en torno a los mecanismos de control interno y la transparencia en la fuerza. Con la instancia administrativa agotada, los policías involucrados solo podrán acudir a la Justicia para intentar revertir la situación, en un contexto marcado por nuevas dudas sobre la conducción en materia de seguridad.