A través de Mendoza Fiduciaria, el gobernador controla 15 fondos que administran más de USD 1.000 millones y $86.700 millones, un esquema que quedó bajo la lupa por gastos cuestionados y obras que nunca se concretaron.

El gobernador Alfredo Cornejo maneja una de las cajas más potentes de la provincia a través de Mendoza Fiduciaria, una sociedad que administra 15 fondos fiduciarios por más de 1.000 millones de dólares y 86.700 millones de pesos. La magnitud de esos recursos y el margen de discrecionalidad sobre su destino comenzaron a despertar interrogantes en el escenario político mendocino.

El cuestionamiento central apunta a cómo se controla semejante volumen de dinero. Si bien desde Hacienda defienden que los fideicomisos pasan por auditorías, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de Valores, la oposición advierte que el esquema funciona como una estructura paralela con escasa visibilidad, que permite asignar fondos sin pasar por el circuito tradicional de la Tesorería.

Las alarmas se encendieron tras una serie de polémicas concretas. Entre ellas, el reintegro de 13,6 millones de pesos a la ministra Jimena Latorre por una maestría personal, pagada con un fondo de actividades hidrocarburíferas; los recursos destinados al perilago de Potrerillos, donde las obras comprometidas nunca se concretaron pese a los años transcurridos; y los 100 millones de pesos ejecutados en apenas un semestre para el mantenimiento de la residencia oficial del gobernador.

El debate se da en un contexto en el que los fondos fiduciarios públicos quedaron bajo cuestionamiento a nivel nacional. Mientras la gestión provincial defiende la agilidad del mecanismo, los cuestionamientos sobre la transparencia y el destino de los recursos mantienen bajo la lupa a la caja que controla Cornejo.