Mariana Plaza fue citada por autoridades británicas tras el pedido de arbitraje internacional impulsado por el presidente Javier Milei por la explotación petrolera en el archipiélago.
El conflicto diplomático por Malvinas sumó este miércoles un nuevo episodio luego de que el gobierno del Reino Unido convocara a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, a raíz del reclamo presentado por la Argentina ante organismos internacionales para intentar frenar proyectos de explotación petrolera en las inmediaciones de las islas.
La convocatoria fue confirmada por la subsecretaria de Estado británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien cuestionó la presentación argentina y sostuvo que las actividades hidrocarburíferas en el archipiélago se desarrollan bajo la legislación vigente en las islas y en concordancia con las normas del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La funcionaria británica también defendió la posición de Londres respecto de la soberanía sobre las islas y ratificó el respaldo del Reino Unido a los habitantes del archipiélago y a su derecho a la autodeterminación. Además, señaló que la iniciativa argentina genera cuestionamientos sobre la relación bilateral y la cooperación entre ambos países.
El conflicto se profundizó luego de que el presidente Javier Milei dispusiera el inicio de un arbitraje internacional contra la administración británica por la explotación de hidrocarburos en Malvinas. La Argentina advirtió que, si no obtiene una respuesta favorable dentro del plazo establecido, recurrirá a un tribunal internacional para solicitar medidas provisionales destinadas a preservar sus derechos soberanos.
En paralelo, la Cancillería argentina mantiene una estrategia destinada a cuestionar la actividad petrolera en el archipiélago. Hasta el momento, envió cerca de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de unos 30 países y puso en marcha alrededor de 60 procedimientos administrativos.
Además, se presentaron al menos tres denuncias penales ante tribunales argentinos contra diez compañías petroleras y sus directivos, vinculados a capitales británicos, israelíes y canadienses. El conflicto por la explotación de recursos naturales en Malvinas se suma así a la disputa de soberanía que ambos países mantienen desde hace décadas.
