El máximo tribunal suspendió una orden de un juez federal que exigía mayores garantías procesales antes de enviar a personas a países distintos de aquellos de los que son ciudadanos. El caso será analizado de fondo en diciembre.

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó temporalmente al gobierno de Donald Trump a reanudar las deportaciones de migrantes hacia terceros países, es decir, destinos que no son sus países de origen. La decisión dejó en suspenso una resolución de febrero que exigía notificar a los afectados y permitirles plantear objeciones sobre posibles riesgos de persecución o tortura antes de la expulsión.

El fallo de la máxima instancia judicial también dispuso que el caso sea tratado de manera definitiva durante el período de sesiones de diciembre. El expediente deberá abordar, entre otros puntos, si la política del Departamento de Seguridad Nacional se ajusta a la legislación migratoria estadounidense y a las garantías del debido proceso.

Los tribunales inferiores habían cuestionado la política aplicada por la administración Trump y establecido mayores resguardos para los migrantes antes de enviarlos a países con los que no tienen vínculos. El gobierno estadounidense, en cambio, sostuvo que esas restricciones dificultaban la ejecución de las expulsiones y defendió la medida como una herramienta para acelerar las deportaciones.

La política comenzó a aplicarse en 2025 y, según organizaciones de derechos humanos citadas por Reuters, más de 25.000 personas fueron enviadas a 29 países. La mayoría de las deportaciones tuvo como destino México, aunque también se utilizaron países como Sudán del Sur, Uganda, Liberia, Guinea Ecuatorial y la República Centroafricana.

La administración Trump sostiene que las deportaciones a terceros países son necesarias para hacer cumplir las normas migratorias, mientras que organizaciones defensoras de los migrantes cuestionan la falta de garantías para quienes podrían enfrentar persecución o malos tratos en los destinos asignados. Expertos de Naciones Unidas también pidieron recientemente que se suspenda esta práctica por los riesgos de abusos y torturas señalados.

Con la decisión de la Corte, la política podrá continuar mientras avanza el proceso judicial. El máximo tribunal deberá pronunciarse sobre su legalidad durante la instancia prevista para diciembre, por lo que la resolución actual tiene carácter temporal.