El Ministerio del Interior admitió que confeccionó un documento interno con valoraciones sobre las posiciones políticas de distintos profesionales y pidió disculpas tras su difusión.

El Ministerio del Interior de España reconoció la elaboración de un listado interno de periodistas en el que se incluían apreciaciones sobre sus posiciones ideológicas. El documento, confeccionado en 2024 por la Oficina de Comunicación, fue presentado por las autoridades como un material de trabajo destinado a evaluar la percepción sobre la actuación del organismo.

El dosier contenía fichas con fotografías y descripciones sobre las tendencias políticas atribuidas a distintos profesionales de radio y televisión. Entre las categorías utilizadas aparecían referencias a periodistas considerados afines al PSOE, conservadores, independientes, críticos con determinadas políticas o cercanos al gobierno de Pedro Sánchez.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la existencia del documento y negó que tuviera una finalidad represiva o que haya sido utilizado para condicionar la labor periodística. Desde el ministerio también señalaron que se trató de un material de carácter consultivo y aseguraron que su contenido no influyó posteriormente en el trabajo de la Oficina de Comunicación.

Entre los periodistas incluidos figura Nacho Cardero, director de El Confidencial, junto con otros profesionales de ese medio que participaron en investigaciones sobre presuntos casos de corrupción relacionados con el entorno del presidente Pedro Sánchez. Tras la difusión del documento, el Ministerio del Interior expresó sus disculpas a los periodistas que pudieran haberse sentido afectados u ofendidos.

La revelación generó críticas de organizaciones vinculadas al ejercicio del periodismo. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España cuestionó la elaboración del listado y sostuvo que ningún organismo estatal debería registrar, clasificar o establecer perfiles ideológicos de profesionales de los medios.

La entidad consideró que este tipo de prácticas representan un riesgo para la libertad de prensa y pueden generar mecanismos de vigilancia o eventuales represalias. El caso reabrió así el debate sobre los límites de las oficinas de comunicación de los organismos públicos y el tratamiento que las instituciones estatales deben dar a los periodistas.