Tras el escándalo por los presos que transmitieron en vivo desde un penal, quedó en evidencia que la normativa que prohíbe los teléfonos e impone inhibidores de señal no se aplica en las cárceles mendocinas, pese a estar vigente hace más de una década.
El episodio de los internos que aparecieron transmitiendo por streaming desde el penal de San Felipe dejó al descubierto una falla concreta de la gestión provincial: pese a existir leyes que prohíben el uso de celulares en las cárceles desde hace años, la normativa no se cumple. El marco legal está vigente desde 2012 a nivel provincial y desde 2017 a nivel nacional, pero los teléfonos siguen ingresando a los establecimientos penitenciarios.
Los datos oficiales exponen la magnitud del problema. Según reconoció la propia gestión provincial, al momento de asumir existía un registro de unos 16.800 celulares que habían pasado por el sistema penitenciario, y actualmente se incautan alrededor de 16 teléfonos por día. Solo en la última quincena, los controles evitaron el ingreso de 782 aparatos a las cárceles mendocinas.
El diputado Luis Petri, autor de ambas leyes, fue contundente al respecto: «No hay margen alguno de interpretación. No puede haber excusa posible para que no se aplique en la cárcel de San Felipe. Es imprescindible que la ley se cumpla», reclamó, marcando que el problema no es la falta de normativa sino su incumplimiento por parte de la gestión provincial.
El caso reabrió el debate sobre el control penitenciario en Mendoza. Mientras las herramientas legales están disponibles desde hace más de una década, su falta de aplicación efectiva deja en evidencia las deudas pendientes de la administración de Cornejo en un tema sensible para la seguridad de los mendocinos.
