El proyecto enviado al Congreso prevé recursos que podrían implicar nuevas pérdidas reales para organismos científicos y tecnológicos, mientras las universidades nacionales cuestionan el monto asignado y una cláusula sobre el control de sus gastos.
El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno nacional mantiene la presión sobre el sistema científico y las universidades nacionales, sectores que arrastran una fuerte pérdida de recursos desde 2024. El escenario contempla partidas que, como mínimo, buscarían acompañar la inflación proyectada oficialmente en 18%, aunque cualquier desvío podría traducirse en una nueva reducción del financiamiento real.
Entre los organismos alcanzados se encuentran el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Según el análisis del proyecto, estas instituciones todavía no lograron recuperar la pérdida acumulada de recursos reales registrada desde el inicio de la actual gestión.
La situación prevista para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es aún más restrictiva. Para 2027 se proyectan bajas nominales del 12,4% y 5,2%, respectivamente, mientras ambos organismos vienen atravesando reducciones presupuestarias y una importante disminución de sus planteles desde 2024.
En el ámbito universitario, el proyecto contempla una asignación de 7,34 billones de pesos para las universidades nacionales. El monto se encuentra por debajo de los más de 11 billones de pesos reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las instituciones de todo el país.
El proyecto también incorpora una disposición que establece nuevas exigencias para que las universidades informen al Ministerio de Capital Humano sobre el destino de sus gastos y contempla la posibilidad de suspender transferencias en caso de incumplimiento. Las autoridades universitarias cuestionan esta medida por considerar que puede afectar la autonomía de las instituciones.
El debate presupuestario anticipa así nuevos cruces entre el gobierno y el sistema universitario y científico. Además de reclamar mayores recursos, los rectores plantean el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario vigente y advierten que las diferencias en torno al financiamiento podrían derivar en un nuevo escenario de conflictividad.
