El proyecto obtuvo dictamen favorable en comisión y busca modernizar el régimen provincial de carnes. La posible comercialización de jabalí y guanaco abrió un debate por los controles sanitarios y el impacto ambiental.
La Legislatura de Río Negro dio un paso importante hacia la modificación del régimen provincial de carnes, con un proyecto que obtuvo dictamen favorable por mayoría y que propone actualizar las normas para la habilitación, fiscalización y control sanitario de establecimientos vinculados con productos de origen animal.
La iniciativa busca reemplazar la Ley E 2534, vigente desde hace más de 35 años, y abrir la posibilidad de incorporar al circuito formal de comercialización productos provenientes de la fauna silvestre y de la pesca. Entre las especies que podrían quedar alcanzadas aparecen el jabalí y el guanaco, aunque la definición final dependerá de las autorizaciones de la autoridad competente.
El nuevo esquema prevé que cada especie habilitada quede sujeta a condiciones específicas, como temporadas, cupos de extracción, zonas autorizadas y controles de trazabilidad y sanidad. El objetivo es formalizar actividades productivas que actualmente tienen un alcance limitado y generar nuevas alternativas de producción y consumo.
La posible inclusión del guanaco generó cuestionamientos de sectores ambientalistas. Desde la Fundación Guardafaunas de Río Negro advirtieron sobre la falta de censos e información científica suficiente acerca de la población de esta especie en la provincia y consideraron innecesaria su incorporación al régimen de comercialización.
El proyecto también establece un régimen especial para pequeños establecimientos artesanales, con requisitos adaptados a su escala pero bajo controles sanitarios. La categoría incluiría a los emprendimientos que elaboren hasta 500 kilos diarios de productos provenientes de faena o hasta 100 kilos diarios de productos elaborados.
Además, la reforma redefine las competencias entre la provincia y los municipios, incorpora herramientas para el traslado de productos destinados al autoconsumo de familias rurales y distribuye las tareas de control entre distintas áreas estatales. Desarrollo Económico y Productivo intervendrá sobre establecimientos y transportes, mientras que Salud tendrá a su cargo la inocuidad y los registros sanitarios.
