Federico Furiase y Felipe Núñez rechazaron haber tenido privilegios y sostuvieron que accedieron a préstamos en condiciones similares a las del resto de los clientes.

Funcionarios del área económica salieron a responder cuestionamientos tras conocerse que accedieron a créditos hipotecarios. Tanto Federico Furiase como Felipe Núñez aseguraron que no incurrieron en ninguna irregularidad y defendieron la legalidad de las operaciones.

Ambos explicaron que los préstamos fueron otorgados por el Banco Nación en condiciones de mercado, sin beneficios especiales. Núñez remarcó que eligieron esa entidad porque allí perciben sus salarios y ya eran clientes, lo que les permitió acceder a los productos disponibles como cualquier usuario.

En esa línea, sostuvo que la tasa ofrecida era la más competitiva y que sus familias asumieron un compromiso financiero a largo plazo. “No hicimos nada ilegal ni inmoral”, enfatizó al referirse a las críticas.

Por su parte, Furiase aclaró que el crédito que tomó fue destinado a la compra de una segunda vivienda y desmintió versiones sobre una tercera propiedad. Explicó que se trata de un usufructo familiar parcial que no constituye una vivienda propia y que no reside allí desde hace años.

Los montos involucrados superan los 300 millones de pesos en ambos casos, con préstamos otorgados en distintos momentos del último año. Según trascendió, no se trataría de situaciones aisladas dentro del gobierno, ya que otros funcionarios y dirigentes también accedieron a líneas similares.

El tema generó debate público sobre el acceso al crédito y posibles conflictos de interés, en un contexto en el que el gobierno impulsa políticas para ampliar el financiamiento hipotecario en el país.