El cambio en la Ley de Contrato de Trabajo modifica el esquema de riesgo y permite a las compañías tercerizar con menos contingencias si acreditan controles formales.

La reforma laboral recientemente aprobada por el Senado introduce cambios sustanciales en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y abre un nuevo escenario para las empresas que recurren a contratistas. El eje de la modificación pasa por limitar la responsabilidad solidaria automática del empleador principal y condicionarla al cumplimiento de controles específicos sobre sus proveedores de servicios.

Hasta ahora, muchas grandes compañías que delegaban tareas en Pymes o firmas especializadas enfrentaban una alta exposición judicial ante eventuales incumplimientos laborales de los contratistas. Con el nuevo esquema, la empresa que terceriza podrá quedar eximida si demuestra que verificó CUIL, aportes y contribuciones, pago de salarios, cobertura de ART y acreditación bancaria de las remuneraciones. La clave estará en la trazabilidad documental y en la calidad del sistema de gestión implementado.

El impacto es especialmente relevante en sectores con múltiples contratistas, como energía, industria, logística e infraestructura, donde el volumen de documentación es elevado y el control manual suele resultar insuficiente. También alcanza al agro, la construcción y a millones de trabajadores independientes formalizados como monotributistas, que forman parte de la cadena productiva bajo esquemas no asalariados.

La nueva Ley de Modernización Laboral redefine además la lógica del riesgo laboral. Ajusta la presunción de relación de dependencia cuando existen facturación formal y pagos bancarizados, refuerza la validez de la documentación digital y habilita recibos electrónicos con plena eficacia legal. En ese marco, la formalidad pasa a ser un elemento central de defensa jurídica.

En materia indemnizatoria, se mantiene el criterio de un mes por año de servicio, pero se redefine el cálculo de la mejor remuneración mensual, excluyendo conceptos no periódicos y fijando un tope vinculado al promedio salarial del convenio con un piso del 67%. A su vez, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que convierte parte del costo contingente en un aporte mensual planificado dentro de la estructura financiera de cada empresa.

El nuevo esquema también incorpora herramientas como el banco de horas y la jornada por promedio para compensar picos de actividad sin recurrir necesariamente al pago de horas extras. En conjunto, la reforma apunta a descentralizar riesgos, reducir litigiosidad y transformar el control de contratistas en una pieza estratégica de la gestión empresarial.