La ley apunta a incorporar ahorros no declarados a la economía formal mediante menores controles fiscales y beneficios tributarios.

Con la puesta en marcha de la Ley de Inocencia Fiscal, el gobierno busca incentivar a que los ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema ingresen a la economía formal y se destinen a inversiones productivas en el país.

La iniciativa apunta a regularizar los llamados “dólares del colchón” mediante cambios en el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de crear un esquema de declaración jurada simplificada para facilitar la adhesión voluntaria.

El denominado principio de inocencia fiscal permite que personas físicas y jurídicas declaren bienes no registrados siempre que cumplan ciertos requisitos, entre ellos un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para acceder al régimen.

Uno de los puntos centrales es la eliminación de la obligación de justificar variaciones patrimoniales o consumos. En la práctica, el organismo recaudador solo cobrará el Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados, sin analizar el crecimiento del patrimonio.

La norma también establece un efecto liberatorio para quienes acepten la declaración propuesta y paguen en término, lo que impide acciones posteriores, salvo en casos de ingresos omitidos. Además, se prevé la extinción de acciones penales si se cancelan deudas e intereses, con condiciones específicas y un uso único por contribuyente.

Si bien el régimen introduce mayor flexibilidad y reduce plazos de prescripción tributaria, también eleva los montos a partir de los cuales se considera delito la evasión y aumenta las sanciones económicas por declaraciones fuera de término, en un esquema que busca ampliar la base contributiva y dinamizar la actividad económica.