La actividad parlamentaria de la semana estará marcada por la conformación de comisiones y la designación de autoridades para avanzar con los dos proyectos centrales que impulsa el gobierno nacional.

El Congreso comenzará esta semana a activar el tratamiento de la reforma laboral y de la Ley Penal Juvenil, en el marco del período de sesiones extraordinarias. A partir de este martes se iniciará la constitución de las comisiones que deberán analizar ambas iniciativas promovidas por la gestión del presidente Javier Milei.

Luego de haber sido postergado durante el año pasado, el debate sobre la reforma laboral finalmente se abrirá en el Senado y está previsto que comience formalmente el 11 de febrero. El oficialismo busca ordenar el esquema legislativo para acelerar la discusión de uno de los proyectos clave de su agenda.

Según varias fuentes, La Libertad Avanza mantiene negociaciones con bloques considerados dialoguistas, como el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Estas conversaciones continúan incluso después de los encuentros que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con gobernadores en los últimos meses.

La iniciativa de modernización laboral propone una revisión integral del régimen vigente, con cambios en el sistema de indemnizaciones, la creación de un Fondo de Cese Laboral mediante convenios colectivos y la reducción de cargas patronales para fomentar el empleo formal. Además, incorpora la figura del Colaborador Independiente y un Banco de Horas para flexibilizar la jornada laboral.

Los sindicatos, en cambio, expresaron un rechazo contundente al proyecto al considerar que no generará nuevos puestos de trabajo y que implica una pérdida de derechos adquiridos. En ese contexto, anunciaron movilizaciones frente al Congreso a partir de este martes, en paralelo al inicio del debate legislativo.

Por otro lado, el proyecto de Ley Penal Juvenil plantea bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establecer un régimen especial con medidas socioeducativas y penas alternativas. La propuesta excluye la reclusión perpetua y fija un tope de condena, al tiempo que busca, según el oficialismo, terminar con la denominada “puerta giratoria” para delitos cometidos por menores.