El Gobierno provincial llamó a una Audiencia Pública para actualizar los costos del sistema de transporte, en un contexto donde la gestión del gobernador destinó $6.000 millones a publicidad estatal entre mayo y agosto. Con el último aumento del 40% aún aplicándose, la revisión técnica vuelve a poner bajo presión el valor del boleto para los usuarios mendocinos.

El Ente de la Movilidad Provincial (E.Mo.P.) convocó a una Audiencia Pública para revisar la estructura de costos del transporte público en Mendoza, un proceso clave que se realizará el 29 de diciembre de 2025 en el Espacio Cultural Julio Le Parc. La instancia, obligatoria por ley, busca debatir la actualización del costo del servicio para el transporte urbano, de media y larga distancia y para el sistema de bicicletas públicas Bicitran.

La convocatoria surge tras el pedido de los operadores del sistema, que reclamaron una revisión técnica debido a las “variables económicas” registradas desde el Decreto N° 189/25. La Subdirección de Tarifas del E.Mo.P. ya presentó los estudios que servirán como base del debate, aunque se aclaró que analizar el costo real del servicio no implica necesariamente un incremento del boleto, sino que es el paso previo a la definición del Ejecutivo.

Este proceso ocurre en un contexto de fuerte controversia por las prioridades presupuestarias del Gobierno provincial. Mientras se convoca a una instancia que podría derivar en un nuevo aumento para los usuarios, la gestión de Alfredo Cornejo destinó $6.000 millones a publicidad oficial entre mayo y agosto. Con estas cifras en discusión, la revisión de costos vuelve a tensar el debate sobre el uso de recursos públicos y su impacto en los servicios esenciales.

El último incremento del transporte, aplicado en dos tramos, totalizó un 40% entre noviembre de 2025 y enero de 2026, llevando la tarifa general del Área Metropolitana del Gran Mendoza de $1.000 a $1.400. En ese escenario, la nueva revisión técnica vuelve a poner bajo presión el valor del boleto, mientras el E.Mo.P. enfatiza que la Audiencia Pública es fundamental para garantizar el derecho a la información de los usuarios y abrir la participación ciudadana antes de cualquier decisión tarifaria.