Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa su momento más crítico al frente de la AFA, con una denuncia por lavado de dinero que involucra a una financiera cercana y la sospecha de que la entidad utilizó un documento falsificado para sancionar a Estudiantes.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, enfrenta un escenario de máxima tensión institucional, marcado por dos escándalos simultáneos que golpean el corazón político del organismo. A las acusaciones por maniobras financieras irregulares se suma la controversia por un presunto documento adulterado utilizado para sancionar a Estudiantes de La Plata.

La Dirección General Impositiva denunció en la Justicia a Sur Finanzas SA, una firma vinculada a Tapia que auspicia a Barracas Central y a la Liga Profesional. El organismo detectó posibles maniobras de evasión del Impuesto al Cheque y actividades que podrían encuadrarse en lavado de dinero, involucrando montos de magnitud extraordinaria.

Según la presentación, Sur Finanzas habría movilizado alrededor de $818.000 millones provenientes de un “circuito marginal”, operado por usuarios sin actividad económica registrada o inscriptos en categorías muy bajas del monotributo. La DGI calcula además una evasión superior a los $3.300 millones, mientras crece el foco sobre la cercanía entre sus directivos y el titular de la AFA.

En paralelo, la asociación civil lidia con el llamado “PDFgate”, un escándalo que estalló tras conocerse que se habría usado un boletín adulterado para fundamentar una sanción contra Estudiantes por el gesto del “pasillo de espaldas” ante Rosario Central. El TOF 7 determinó que el documento fue creado y modificado después del partido.

Peritos informáticos confirmaron que el archivo habría sido confeccionado el domingo 23 de noviembre, lo que desata sospechas de manipulación interna. La situación podría derivar en una denuncia formal por fraude si la AFA avanza con sanciones basadas en ese material.