El TOF 2 dispuso ejecutar el decomiso de más de $684.000 millones en inmuebles y activos vinculados a la maniobra de obra pública en Santa Cruz.

El Tribunal Oral Federal 2 ordenó el decomiso de bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner y de otros condenados en la causa Vialidad, tras el incumplimiento del pago solidario fijado por la sentencia. La medida incluye propiedades y activos que, según la investigación, fueron incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra de direccionamiento de obra pública entre 2003 y 2015.

El procedimiento alcanza 122 bienes inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, entre ellos propiedades del empresario Lázaro Báez y de sociedades de su grupo, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia.

El monto del decomiso, originalmente fijado en $84.835 millones, fue actualizado por peritos contadores a $684.990 millones, siguiendo criterios técnicos validados por la Corte Suprema. Ante la falta de pago, el tribunal dispuso avanzar con la realización y venta de los activos para garantizar la ejecución.

En su resolución, los jueces señalaron que el decomiso no requiere una trazabilidad contable absoluta, sino una vinculación razonable con los beneficios obtenidos por la maniobra, que según la sentencia incluyó sobreprecios, cartelización y falta de controles en favor de Báez. Además, fundamentaron la decisión en tratados internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción.

El tribunal también instruyó a inscribir los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y comunicará el resultado de las tasaciones a la Corte Suprema para evaluar su eventual afectación al servicio de justicia. Asimismo, se planteó que los fondos recuperados podrían destinarse a reparar el daño ocasionado en Santa Cruz por las obras inconclusas.

El fiscal Diego Luciani había reclamado semanas atrás la ejecución inmediata del decomiso, al señalar que el monto —equivalente a unos 500 millones de dólares— estaba firme y que los condenados no habían cumplido con el plazo para el pago solidario.