El presidente Javier Milei presentó al Congreso un proyecto de ley que establece un marco normativo para garantizar que ninguna ley que implique gastos públicos sea sancionada sin contar con los recursos necesarios para su ejecución. La iniciativa busca asegurar la estabilidad fiscal y monetaria del país. 

El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados que busca impedir la sanción de normas que no cuenten con financiamiento asegurado, estableciendo sanciones de hasta seis años de prisión para los funcionarios que apliquen dichas leyes. La iniciativa, denominada “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, fue enviada junto al Presupuesto 2026 y será analizada por las comisiones de Finanzas, Presupuesto y Hacienda. Su objetivo principal es garantizar que todas las iniciativas aprobadas cuenten con los recursos necesarios para su ejecución y que se mantenga el equilibrio fiscal del Estado.

Entre las principales disposiciones, la ley prohíbe la sanción de un presupuesto que contemple un resultado financiero deficitario y habilita al jefe de Gabinete a aplicar mecanismos de ajuste para corregir desvíos en los recursos o incrementos de gastos que puedan poner en riesgo la estabilidad fiscal. Además, cualquier ley que autorice gastos no contemplados en el presupuesto general solo comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas en el presupuesto del ejercicio fiscal siguiente, con excepción de aquellas normas que cuenten con financiamiento concreto y suficiente sin afectar el equilibrio financiero.

El proyecto también exige que todos los proyectos sean acompañados por un informe de impacto presupuestario antes de su tratamiento en comisión, elaborado por el Ministerio de Economía para iniciativas del Ejecutivo y por la Oficina de Presupuesto del Congreso para proyectos legislativos. Asimismo, establece que cualquier norma dictada en violación de estas disposiciones será declarada nula, reforzando así el control sobre la aprobación de gastos y la disciplina fiscal del Estado.