El propietario del laboratorio HLB Pharma y Ramallo, ambos señalados en la investigación por el fentanilo contaminado, intentaron desviar la responsabilidad hacia el ex diputado Andrés Quinteros, acusándolo de estar involucrado en el caso.

Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo y empresario con vínculos políticos en el país, intentó responsabilizar al ex diputado provincial Andrés Quinteros por la contaminación del fentanilo, que hasta el momento causó 96 muertes. En su presentación ante la Justicia, realizada en julio de 2025, el acusado presentó pruebas que resultaron inconsistentes y poco convincentes, generando más dudas que certezas sobre su versión de los hechos.

En el escrito García Furfaro sostuvo sin fundamentos que Quinteros podría estar detrás de un presunto atentado en los laboratorios, que habría provocado el desvío de la calidad del fentanilo. Entre los argumentos expuestos, mencionó un supuesto sobrevuelo nocturno de un helicóptero sobre la zona del laboratorio Ramallo S.A., que, según el empresario, por su color y marca pertenecería al ex diputado.

El empresario ofreció además una explicación insólita, indicando que este helicóptero podría haber sido utilizado para arrojar algún producto contaminante en el predio exterior del laboratorio, con la intención de simular un hallazgo accidental y desviar así la atención de su propia implicación en los hechos. Esta estrategia demuestra que desde el inicio García Furfaro buscó desplazar la responsabilidad hacia figuras políticas, en este caso Quinteros, con el objetivo de proteger su posición mediática y procesal.

Mientras tanto, la Justicia continúa evaluando las medidas a tomar, incluyendo posibles inhibiciones de bienes y nuevas acciones contra los responsables directos de los laboratorios. El fallo del juez federal Ernesto Kreplak señala que los presuntos integrantes de la estructura empresarial podrían haber implementado maniobras para encubrir conductas delictivas, constituyendo un obstáculo para la investigación y un riesgo de fuga, lo que refuerza la necesidad de conservar los bienes que podrían ser producto de estas actividades ilícitas.