En un fallo sin precedentes, la jueza Loretta Preska ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park. Es por la falta de pago de una garantía judicial tras la condena por la expropiación de la petrolera. El gobierno nacional anunció que apelará la medida.
La resolución se conoció este lunes e implica que el Estado argentino deberá entregar sus acciones Clase D de YPF en un plazo de 14 días. El fallo responde a la demanda iniciada tras la estatización de la empresa en 2012, impulsada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof. En esa operación, según la justicia de EE.UU., se violó el estatuto de la petrolera al no lanzar una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios.
Además del juicio por la expropiación, Preska también ordenó que parte de las acciones se utilicen para saldar otra deuda: unos US$100 millones que reclama el fondo Bainbridge por bonos en default desde 2001. La jueza aclaró que la Argentina puede evitar la entrega si logra la aprobación del Congreso o alcanza un acuerdo con los demandantes.
El gobierno argentino había sido advertido de que debía presentar una garantía para evitar este desenlace. Al no cumplir con ese requerimiento, y pese a la oposición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la jueza dio lugar a los pedidos de embargo. La Casa Rosada anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones en Nueva York para frenar la medida.
El Testigo 