El propietario de HLB Pharma fue fotografiado junto al ex presidente Horacio Cartés, quien le brindó respaldo político clave para la instalación y funcionamiento de su planta en Ciudad del Este. Este apoyo facilitó la obtención de exenciones fiscales. 

La creación del laboratorio de HLB Pharma–Ramallo en Ciudad del Este se basó en la relación cercana entre Ariel García Furfaro y el expresidente paraguayo Horacio Cartés, quien está sancionado por corrupción y lavado de dinero bajo la Global Magnitsky Act de EE.UU. Una investigación publicada por Camila Dolabjian y Diego Cabot en La Nación reveló que esta planta, ubicada en el “Complejo Empresarial Global” sobre la ruta PY02 en la Triple Frontera, contó con un apoyo político significativo para su desarrollo.

El proceso para establecer la fábrica incluyó la importación de maquinaria china por un valor declarado de 4,5 millones de dólares a tipo de cambio oficial durante la administración de Alberto Fernández. Sin embargo, la Aduana denunció una importante sobrefacturación, y el caso está siendo investigado por el juez penal económico Pablo Yadarola. Los equipos nunca ingresaron formalmente a Argentina, sino que se enviaron directamente a Paraguay para operar en la planta especializada en biológicos y producción de opioides.

Los registros migratorios muestran múltiples viajes de Ariel y Damián García Furfaro a Paraguay entre 2023 y 2025, donde se relacionaron con socios internacionales, como un empresario español con deudas fiscales y un representante guatemalteco de la maquinaria importada. Paralelamente, la Procunar recibió denuncias sobre venta de drogas en plantas bonaerenses de HLB y la Aduana detectó maniobras de sobrevaloración para sacar divisas del país. Horacio Cartés, conocido por sus conexiones corruptas y su poder en la región, facilitó permisos y financiamiento para la planta, que actualmente está detenida tras la tragedia causada por el fentanilo adulterado.

El 10 de marzo de 2023, se realizaron allanamientos en las sedes de la empresa tras la denuncia de la Aduana, que descubrió una sobrefacturación del 907 % en la importación de cinco máquinas desde China. Aunque el valor real del despacho era de aproximadamente 556 mil dólares, la empresa declaró un monto superior a cinco millones, y la diferencia fue desviada a una cuenta en Panamá. La investigación apunta a una sociedad intermediaria que solo refacturó sin prestar servicios, con la causa avanzando por contrabando agravado y egreso ilícito de divisas, mientras las autoridades intentan esclarecer el rol de esta red en la crisis del fentanilo en la región.