Mientras crecen los problemas en zonas desatendidas, el gobernador mendocino apuesta por un sistema costoso de monitoreo en San Rafael, departamento gobernado por los Félix. La iniciativa prioriza el control ciudadano antes que soluciones reales frente al delito, y expone una gestión más interesada en vigilar que en proteger.
El esquema, presentado como una innovación en seguridad, consiste en instalar 12 puntos de control con cámaras de alta resolución capaces de leer patentes y, próximamente, rostros. Se activará con denuncias al 911, y quedará vinculado al Centro Estratégico de Operaciones provincial. Sin embargo, detrás del discurso oficial sobre “eficiencia” y “tecnología”, el proyecto abre interrogantes sobre la estrategia real del gobierno: fortalecer el aparato de vigilancia mientras se recortan políticas públicas de inclusión y protección efectiva.
Con una inversión cercana a los $5.900 millones, Cornejo apuesta a consolidar una “Mendoza vigilada”, como definió la ministra de Seguridad Mercedes Rus. El enfoque —más cerca de un Estado policial que de un Estado protector— se basa en una ley reciente que habilita el uso de inteligencia artificial para tareas de seguridad. El sistema, además, contempla reconocimiento facial, un mecanismo cuestionado por especialistas por sus posibles impactos en derechos fundamentales.
Lejos de atender las causas estructurales de la inseguridad, como la exclusión social, la desigualdad territorial y el debilitamiento del tejido comunitario, el gobierno provincial parece elegir el camino del control antes que el de la prevención.
La puesta en marcha de este sistema en San Rafael no es casual: se trata de un departamento que históricamente ha mantenido diferencias con el oficialismo provincial. En este contexto, la medida también puede leerse como un gesto político, más orientado a marcar territorio que a proteger a la ciudadanía.
El gobernador aprovechó el acto para criticar al Poder Judicial por no acompañar “como corresponde” la estrategia de seguridad. Mientras tanto, los barrios sin patrullaje, los centros de salud sin cobertura y las escuelas en situación crítica siguen esperando respuestas que no llegan con algoritmos ni cámaras.
En Mendoza, la seguridad se gestiona con tecnología de punta pero sin un enfoque humano. Y en ese modelo, la libertad y los derechos ciudadanos quedan relegados a un segundo plano.
El Testigo 