Los recientes aumentos en los hechos delictivos afectan a barrios tradicionalmente tranquilos de la provincia, generando preocupación entre sus habitantes. Los reclamos de los vecinos apuntan a la falta de respuesta efectiva por parte del gobierno de Cornejo, que no ha logrado frenar el aumento de la inseguridad ni brindar garantías de protección a la comunidad.
Ante esta creciente ola delictiva, los residentes de distintos sectores comenzaron a organizarse y salir a la calle para reclamar mayor protección y respuestas efectivas por parte del Estado. Durante el fin de semana pasado, hubo manifestaciones en barrios como Vistalba, donde cientos de vecinos expresaron su hartazgo y exigieron acciones concretas.
Los habitantes denuncian que, a pesar de haber tomado múltiples medidas de seguridad en sus hogares —como alarmas, rejas, cámaras y cercos eléctricos— la delincuencia persiste e incluso ha aumentado. En algunos casos, los delincuentes actúan a plena luz del día, lo que agrava aún más la sensación de inseguridad.
Uno de los principales reclamos de los vecinos apunta a la falta de presencia policial en las zonas afectadas. Señalan que la policía llega de manera tardía o insuficiente, y critican que la gestión del gobernador Rodolfo Cornejo no haya implementado un plan claro para contener la problemática ni reforzar el patrullaje.
Además, la inseguridad ha tenido consecuencias tangibles en la vida diaria de la comunidad: familias que optaron por mudarse y comercios que cerraron sus puertas ante la imposibilidad de garantizar la seguridad. Estas decisiones reflejan el impacto social y económico que el problema está teniendo en Mendoza.
Las manifestaciones también han servido para que los vecinos se reúnan con autoridades municipales y provinciales en busca de respuestas. Sin embargo, hasta el momento las soluciones concretas no han llegado, y la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha sido un factor que profundiza la crisis.
El malestar crece a medida que se registran nuevos episodios delictivos casi a diario. La población insiste en la necesidad de que se refuercen los operativos de seguridad, se destinen más recursos y se active una política pública que priorice la protección de las comunidades.
En este contexto, los vecinos de Mendoza mantienen su compromiso de continuar con las protestas y la organización comunitaria hasta lograr una mejora palpable en la seguridad. La demanda es clara: un Estado presente, eficaz y comprometido para devolver la tranquilidad a los barrios que hoy viven sumidos en la inseguridad.
El Testigo 