La Corte Suprema de Justicia junto con la Fundación Hogares de Cristo suscribieron un acuerdo formal con el objetivo de promover y facilitar la reinserción social de aquellas personas que se encuentran bajo libertad condicional. Este convenio busca brindar apoyo integral a los individuos para que puedan reinsertarse adecuadamente en la sociedad, reduciendo así la reincidencia y favoreciendo su desarrollo personal y comunitario.

La Corte Suprema de Justicia, la Cámara Federal de Casación Penal y la Fundación Hogares de Cristo firmaron un convenio de cooperación con el propósito de favorecer la reinserción social de personas que se encuentran en libertad condicional o cumplen penas bajo ejecución condicional. La firma del acuerdo tuvo lugar en el edificio de Comodoro Py, con la participación de altos magistrados, integrantes de la Fundación y jueces de primera instancia, consolidando un trabajo conjunto orientado a apoyar a quienes transitan procesos de exclusión social.

Durante el acto, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, destacó la importancia de que el Poder Judicial se conecte con la realidad social y se comprometa con iniciativas que restituyan la dignidad a las personas vulnerables. En tanto, Virginia Barreyro, titular de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DECAEP), explicó que la alianza con Hogares de Cristo surge a partir de experiencias exitosas en la recuperación de personas con antecedentes penales y problemas de adicciones, y resaltó la intención de profundizar este trabajo en conjunto. Por su parte, el sacerdote José María “Pepe” Di Paola recordó el impulso que les dio el papa Francisco para acompañar a las personas en contextos difíciles, trabajando en territorios marcados por la violencia y la marginalidad.

La DECAEP, creada en 2014, tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento de condiciones de quienes acceden a beneficios como la libertad condicional o penas domiciliarias, además de brindar asistencia social a personas que egresan del sistema penitenciario. El convenio, autorizado por la Corte Suprema el 23 de mayo, forma parte de una estrategia para articular el sistema judicial con organizaciones comunitarias que operan en todo el país, buscando una reinserción social efectiva y humana.