Bajo la gestión del gobernador mendocino, más del 50% de los trabajadores mendocinos están en la informalidad y el salario promedio no cubre la canasta básica. En educación, se cierran escuelas de adultos, se precariza la tarea docente y los anuncios de modernización contrastan con edificios deteriorados y la falta de conectividad.
Esta precarización del empleo se ve acompañada por un ajuste sostenido en sectores clave como la educación. Lejos de las promesas oficiales de modernización y calidad educativa, en la provincia se han cerrado escuelas para adultos, se ha profundizado la sobrecarga laboral del personal docente, y las condiciones edilicias de muchos establecimientos muestran un abandono alarmante. La brecha digital, además, sigue sin resolverse: la falta de conectividad y recursos tecnológicos margina a estudiantes de los sectores populares.
Desde el Gobierno provincial se difunden discursos que apelan a la eficiencia y el orden fiscal, pero los indicadores sociales muestran otra realidad: crecimiento de la pobreza, falta de acceso a la vivienda y una estructura productiva que no genera empleo genuino. En este contexto, los trabajadores estatales y de la educación protagonizan reclamos recurrentes por mejoras salariales y laborales, frente a una administración que prioriza el ajuste por sobre las necesidades de la población.
Las críticas también apuntan a una estrategia comunicacional que busca instalar una imagen de gestión prolija, mientras se profundizan desigualdades estructurales. Para referentes sindicales y sociales, la política provincial responde más a intereses empresariales que a una agenda orientada al bienestar colectivo. La desconexión entre el discurso oficial y las condiciones concretas de vida de los mendocinos se vuelve cada vez más evidente.
En definitiva, el modelo que impulsa el gobierno de Cornejo parece dejar afuera a amplios sectores sociales, con políticas que recortan derechos y precarizan el futuro. Mientras se anuncian inversiones y convenios con grandes empresas, la mayoría de los trabajadores siguen sin un salario digno, sin vivienda y sin acceso a servicios públicos de calidad. La realidad cotidiana en los barrios, escuelas y hospitales de Mendoza contrasta con los discursos triunfalistas de la gestión provincial.
El Testigo 