Con un DNU, el Ejecutivo busca limitar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y exigir mayores requisitos a quienes deseen radicarse en el país. También se prevé el cobro de servicios públicos para residentes no permanentes. La medida apunta a “ordenar” el sistema y “proteger los recursos del Estado”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la nueva normativa apunta a recibir a quienes respeten la ley. Dijo que habrá firmeza para expulsar a quienes delinquen.
El cambio llega tras críticas al sistema actual, que según el Gobierno “fomenta el abuso” y permite el ingreso de condenados. También se apunta a cerrar lagunas legales.
El vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, sostuvo que ingresaron más de un millón de personas en situación irregular en las últimas dos décadas. Ahora, cualquier delito será causal de expulsión.
También se aplicarán cobros a extranjeros por servicios de salud y, si lo deciden, las universidades podrán cobrar aranceles a residentes temporarios. La educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita.
El Testigo 