En medio de una crisis de seguridad, el gobernador mendocino firmó un acuerdo con el INAI para fortalecer los derechos de los pueblos originarios que despierta más preguntas que certezas: escasa participación de las comunidades, promesas repetidas y un historial de políticas provinciales que va en sentido contrario.
El acuerdo contempla un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras ocupadas por comunidades indígenas, promoviendo su mensura y regularización mediante cronogramas, presupuestos y mecanismos de seguimiento. Además, se destaca la participación activa de las comunidades en todas las etapas del proceso, desde el relevamiento hasta la ejecución y monitoreo .
Sin embargo, esta iniciativa ha generado controversia y cuestionamientos. Diversos sectores han señalado que la participación de las comunidades indígenas en el proceso ha sido limitada, lo que ha llevado a dudas sobre la efectividad y legitimidad del convenio. Además, se ha señalado que las promesas de fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios han sido recurrentes en la gestión provincial, pero con resultados poco concretos. Este contexto genera escepticismo sobre la verdadera intención del acuerdo y su capacidad para generar cambios significativos en la situación de las comunidades indígenas en Mendoza.
Cabe destacar que, en el pasado, el gobernador Cornejo ha mantenido posturas críticas hacia el INAI y ha denunciado penalmente al titular del organismo por conflictos relacionados con comunidades mapuches en la provincia. Estas acciones han contribuido a la percepción de que el gobierno provincial tiene una relación tensa con las comunidades indígenas y sus representantes.
En este contexto, el convenio firmado con el INAI podría interpretarse como una estrategia política para mejorar la imagen del gobierno provincial en relación con los pueblos originarios, especialmente en un año electoral. Sin embargo, la falta de una participación genuina y activa de las comunidades en el proceso plantea dudas sobre la autenticidad de la iniciativa y su potencial para generar cambios reales en la situación de los pueblos originarios en Mendoza.
La situación actual refleja una contradicción entre las acciones del gobierno provincial y las necesidades y derechos de las comunidades indígenas. Mientras se promueven acuerdos y convenios en el discurso, la falta de una implementación efectiva y la ausencia de una participación real de las comunidades en los procesos decisionales perpetúan la desconfianza y la marginación histórica de los pueblos originarios en la provincia.
El Testigo 